Anuncio: Próxima adenda

Más adelante este año, el Departamento de Estado publicará una adenda a cada informe por país de 2020 en la que se ampliará la subsección sobre mujeres en la Sección 6, titulada “Discriminación, abusos sociales y trata de personas” e incluirá una gama más amplia de cuestiones relacionadas con los derechos reproductivos.  La adenda abarcará cuestiones de salud materna como mortalidad materna, política gubernamental que incide en forma negativa en el acceso a anticonceptivos, acceso a atención de salud calificada durante el embarazo y el parto, acceso a atención de salud de emergencia y discriminación de la mujer en el acceso a atención de salud sexual y reproductiva, incluso para enfermedades de transmisión sexual. Estos temas se incluyeron en los Informes por país sobre las prácticas de derechos humanos anteriores y se incluirán nuevamente en años futuros.

Prólogo

Constituye un honor para mí dar a conocer los 45º Informes por país sobre las prácticas de derechos humanos anuales y ratificar el compromiso de los Estados Unidos de ubicar a los derechos humanos en el centro de nuestra política exterior.  La causa de los derechos humanos, la libertad y la dignidad ocupa un lugar entrañable en el corazón de los estadounidenses. Conforme subrayó el presidente Biden: “Debemos comenzar con diplomacia arraigada en los valores democráticos más preciados para los Estados Unidos:  la defensa de la libertad, la promoción de las oportunidades, el mantenimiento de los derechos universales, el respeto del estado de derecho y el trato de todas las personas con dignidad”. La transparencia y la responsabilización son partes integrales de este proceso. Cada año, con la documentación del estado de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de los EE. UU. brinda información objetiva e integral al Congreso, la sociedad civil, el sector académico, los activistas y las personas de todos los rincones del mundo, todos quienes desempeñan funciones en la promoción de los derechos humanos y la responsabilización por los abusos y quebrantamientos de los derechos.

El informe de 2020 refleja los desafíos singulares que las naciones debieron enfrentar con la propagación del virus de la COVID-19 en todo el mundo.  La pandemia repercutió no solo en la salud de los individuos, sino también en su capacidad para gozar en forma segura de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Algunos gobiernos usaron la crisis como un pretexto para restringir los derechos y consolidar el autoritarismo. Otros gobiernos recurrieron a valores y procesos democráticos, como libertad de prensa, transparencia y responsabilización, para informar y proteger a sus ciudadanos. Las mujeres y los niños se enfrentaron a un mayor riesgo habida cuenta del aumento de los casos de violencia por razón de género y doméstica producto del confinamiento y la pérdida de las protecciones sociales tradicionales. Otras poblaciones marginadas, como las personas mayores, las personas con discapacidades y las personas LGBTQI+, fueron especialmente vulnerables.

Los derechos humanos son interdependientes y la privación de un derecho puede ocasionar el desgaste de la trama social. A pesar de los riesgos potenciales para la salud o las amenazas de arresto u otras repercusiones, las personas de todo el mundo exigieron a los gobiernos respeto por sus derechos humanos y dignidad inherente. De Hong Kong a Belarús, de Nigeria a Venezuela, los pueblos salieron a la calle. Clamaron por la protección gubernamental de sus derechos humanos y libertades fundamentales, salvaguardias para elecciones libres y justas y el fin de la discriminación.

Demasiadas personas siguieron sufriendo en condiciones de brutalidad en 2020.  En China, las autoridades del gobierno cometieron genocidio contra el pueblo uigur, conformado predominantemente por musulmanes, y crímenes de lesa humanidad como el encarcelamiento, la tortura, la esterilización forzosa y la persecución del pueblo uigur y miembros de otros grupos de minorías religiosas y étnicas. Las atrocidades de Assad contra el pueblo de Siria siguieron incólumes en el décimo aniversario de la lucha de este pueblo por vivir en un entorno de dignidad y libertad. La guerra en Yemen ha llevado a millones a una necesidad humanitaria extrema, que les impide el ejercicio de muchos de sus derechos básicos. El gobierno ruso ha perseguido a disidentes políticos y manifestantes pacíficos, mientras que la corrupción oficial siguió en forma desenfrenada. La corrupción de Nicolás Maduro profundizó la atroz crisis humanitaria del pueblo venezolano.

En Nicaragua, el régimen corrupto de Ortega promulgó leyes cada vez más represivas que limitan gravemente la capacidad de funcionamiento de los grupos políticos de la oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Mientras tanto, en Cuba, las restricciones del gobierno siguieron reprimiendo las libertades de expresión, asociación, culto o creencias y circulación.  La violencia aprobada por el Estado en Zimbabwe contra activistas de la sociedad civil, líderes obreros y miembros de la oposición preservó una cultura de impunidad y las personas LGBTQI+ siguieron siendo vulnerables a la violencia, la discriminación y el hostigamiento debido a la tipificación y el estigma que conlleva la conducta sexual con el mismo sexo. En Turkmenistán, los ciudadanos críticos del gobierno se enfrentaron al posible arresto por traición y seguía sin conocerse el paradero de más de 100 presos políticos.

Estos y otros abusos en curso de los derechos provocan un daño inefable mucho más allá de las fronteras de cualquier país en particular; los abusos sin control de los derechos humanos contribuyen a una sensación de impunidad en todas partes. Ese es precisamente el motivo por el que cual los derechos humanos ocupan un lugar de prominencia en la política exterior de este Gobierno. Con el reconocimiento de que resta trabajo por hacer en nuestro propio país, también procuramos estar a la altura de nuestros ideales y principios más elevados y estamos comprometidos a trabajar por una sociedad más justa y equitativa en los Estados Unidos. A todos nos resta trabajo por realizar y debemos usar todas las herramientas a nuestro alcance para propiciar un mundo más pacífico y justo.

Antony J. Blinken

Secretario de Estado

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future