Informe de actores corruptos y antidemocráticos de la Sección 353: 2023

Departamento de Estado de Estados Unidos
Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental

Informe de actores corruptos y antidemocráticos de la Sección 353: 2023

Informe al Congreso sobre personas extranjeras que a sabiendas se han involucrado en actos que socavan los procesos o las instituciones democráticas, en actos de corrupción significativos o en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 22 USC 2277a (b): Sanciones dirigidas a combatir la corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

De acuerdo con la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos (22 U.S.C. 2277a (b)) (la Ley), en su versión enmendada, este informe es presentado a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la Comisión de la Cámara de Representantes para Asuntos Jurídicos y la Comisión del Senado para Asuntos Jurídicos.

La Sección 353(b) requiere la presentación de un informe que identifique a las siguientes personas: personas extranjeras que el Presidente haya determinado que a sabiendas han participado (1) en actos que socavan los procesos o las instituciones democráticas; (2) en actos de corrupción significativos ; y (3) en la obstrucción de investigaciones de tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluyendo lo siguiente: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; facilitar o transferir ganancias obtenidas de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, hostigamiento o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción tanto gubernamentales como no gubernamentales. El 21 de junio de 2021, el Presidente, en virtud de la Sección 353, delegó su autoridad al Secretario de Estado.

Conforme a la Sección 353, las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso son en general no elegibles para visados y admisión a Estados Unidos. Se revocará inmediatamente cualquier visado vigente y se anulará cualquier otro visado o documentación de entrada válidos. De conformidad con la Sección 353(g), este informe se publicará en el Registro Federal.

Este informe incluye a personas que se ha determinado han participado en actividades pertinentes sobre la base de información fidedigna o denuncias de la conducta en cuestión a partir de informes de medios de comunicación y otras fuentes. El Departamento seguirá examinando a las personas indicadas en el informe y considerará todos los mecanismos disponibles para disuadir e interrumpir las actividades de corrupción y antidemocráticas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Departamento también continuará revisando información y denuncias creíbles adicionales sobre corrupción o actividad antidemocrática y recurriendo a todas las autoridades necesarias, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue refugio seguro en Estados Unidos.

El Salvador

José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, es expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones que incurrió en actividades significativas de corrupción al otorgar un contrato de 8,4 millones de dólares del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte para la construcción de un puente en el municipio de Chalatenango, El Salvador, a un empresario guatemalteco. A cambio, Menéndez recibió ilegalmente como obsequio un pequeño avión Beechcraft King Air 90.

Carlos Alberto Ortiz, un expresidente de Banco Hipotecario, un banco estatal, incurrió en actividades significativas de corrupción de lavado de dinero por 97 millones de dólares a cambio de 72.000 dólares en sobornos.

Carlos Enrique Cruz Arana, un exvicepresidente de Banco Hipotecario, un banco estatal, incurrió en actividades significativas de corrupción de lavado de dinero por 94.5 millones de dólares a cambio de 64.500 dólares en sobornos.

Jolman Alexander Ayala, exoficial de cumplimiento de Banco Hipotecario, un banco estatal, incurrió en actividades significativas de corrupción de lavado de dinero por 177 millones de dólares a cambio de 78.000 dólares en sobornos.

Carlos Mauricio Funes Cartagena, un expresidente de El Salvador, incurrió en actividades significativas de corrupción al orquestar e involucrarse en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas del Estado.

Salvador Sánchez Cerén, un expresidente y exvicepresidente de El Salvador, incurrió en actividades significativas de corrupción de lavado de dinero cuando ejerció como vicepresidente, al recibir personalmente a cambio más de 1,3 millones de dólares de fondos públicos, y participó en un plan para desviar 183 millones de dólares en fondos públicos de cuentas públicas y supervisarlos en cuentas personales mientras ejercía como presidente.

Guatemala

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, actualmente una fiscal, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas por ejercer su libertad de expresión, protegida por la legislación guatemalteca.

Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, participó en actividades significativas de corrupción al proporcionar beneficios oficiales a cambio de sobornos y comisiones ilegales a expensas de mejorar el rendimiento energético y tomar medidas eficaces contra el cambio climático.

Fredy Raúl Orellana Letona, actualmente un juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas por ejercer su libertad de expresión, protegida por la legislación guatemalteca.

Gendri Rocael Reyes Mazariegos, un exministro de Gobernación, participó en actividades significativas de corrupción.

Joviel Acevedo Ayala, actual dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), incurrió en actividades significativas de corrupción al brindar apoyo político al STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.

Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, actualmente un juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas por ejercer su libertad de expresión, protegida por la legislación guatemalteca.

Lesther Castellanos Rodas, exjuez y actual relator guatemalteco de Prevención de la Tortura, socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar quejas administrativas relativas a la gestión de Castellanos de un caso penal.

Melvin Quijivix Vega, actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, incurrió en actividades significativas de corrupción al utilizar su posición y sus conexiones para conceder de manera indebida e ilegal contratos públicos a empresas específicas, en algunos casos a una empresa privada de su propiedad.

Omar Ricardo Barrios Osorio, actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, socavó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.

Walter Ramiro Mazariegos Biolis, rector de la Universidad de San Carlos, socavó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución educativa pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento.

Honduras

Alex Alberto Moraes Girón, un exgerente administrativo de la empresa estatal Inversión Estratégica de Honduras, incurrió en actividades significativas de corrupción al malversar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluyendo defraudar al gobierno hondureño por casi 1,6 millones de dólares destinados para mascarillas faciales a ser utilizadas por personal médico.

Alexander López Orellana, actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, incurrió en actividades significativas de corrupción al otorgar indebidamente contratos municipales de millones de dólares a sus aliados políticos.

Edna Yolany Batres Cruz, una exministra de Salud, incurrió en actividades significativas de corrupción cuando defraudó al gobierno hondureño por más de 300.000 dólares al conspirar con funcionarios de la Secretaría de Salud y empresarios del sector privado para otorgar indebidamente contratos gubernamentales.

Jesús Arturo Mejía Arita, un exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), incurrió en actividades significativas de corrupción al conceder contratos no competitivos o con sobreprecio para la generación de electricidad y otros servicios eléctricos relacionados a cambio de sobornos, así como al facilitar maniobras corruptas para contratar y despedir empleados de ENEE a cambio de comisiones ilícitas.

Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, incurrió en actividades significativas de corrupción al cometer fraude para mantener vigente indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos, y obstruir las investigaciones de sus actos corruptos al intimidar a periodistas.

Miguel Rodrigo Pastor Mejía, exdirector de la actualmente extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, incurrió en actividades significativas de corrupción por lavado de dinero en nombre de la organización dedicada al narcotráfico “Los Cachiros”, al conceder contratos del gobierno hondureño por 2,76 millones de dólares a una compañía constructora controlada por Los Cachiros.

Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, un exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, exministro de Energía y exasesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, incurrió en actividades significativas de corrupción al malversar fondos estatales por medio de la supervaloración de proyectos de obras públicas.

Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras por parte del Partido Liberal, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección en la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.

Víctor Elías Bendeck Ramírez, un empresario y exmiembro del Parlamento Centroamericano, incurrió en actividades significativas de corrupción por medio de una serie de actividades empresariales fraudulentas con la banca, el mercado inmobiliario y otros sectores al utilizar su influencia con funcionarios gubernamentales para su beneficio personal.

Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, actual presidente del Partido Liberal de Honduras, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de 2023 en la Corte Suprema de Justicia para su beneficio personal y político. Rosenthal también utilizó su influencia con funcionarios gubernamentales para eludir la rendición de cuentas por supuestas violaciones a las leyes hondureñas por parte de su compañía de cable, propiedad de su familia.

Nicaragua

Wendy Carolina Morales Urbina, actual procuradora general de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar la oficina de la Procuraduría General para facilitar una campaña coordinada para suprimir, sin base legal, la disensión, al confiscar la propiedad de los opositores políticos del gobierno. Urbina también decomisó la propiedad de miles de organizaciones no gubernamentales según leyes explícitamente elaboradas para reprimir la libertad de asociación.

Arling Patricia Alonso Gómez, actual y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en la represalia coordinada del gobierno para quitar la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega y Murillo.

Gladis de los Ángeles Báez, la actual y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en la represalia coordinada del gobierno para quitar la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega y Murillo.

Loria Raquel Dixon Brautigam, la actual y primera secretaria de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en la represalia coordinada del gobierno para quitar la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega y Murillo.

Alejandro Mejía Ferreti, actual y tercer secretario de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en la represalia coordinada del gobierno para quitar la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega y Murillo.

Rosa Argentina Solís Dávila, actual jueza de apelaciones en el Tribunal de Apelaciones de Managua, socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar el tribunal de apelaciones para facilitar una campaña coordinada de represalias por parte del gobierno en contra de los críticos del régimen de Ortega y Murillo y suprimir la disidencia al quitar la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega y Murillo.

Ángela Dávila Navarrete, actual jueza de apelaciones en el Tribunal de Apelaciones de Managua, socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar el tribunal de apelaciones para facilitar una campaña coordinada de represalias por parte del gobierno en contra de los críticos del régimen de Ortega y Murillo y suprimir la disidencia al quitar la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega y Murillo.

Denis Membreño Rivas, actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), unidad del gobierno nicaragüense para casos de delitos financieros, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir sin una base legal a la disidencia utilizando su cargo para facilitar el decomiso de los bienes de 94 disidentes políticos en el exilio y de 222 expresos políticos.

Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada de represalias contra los críticos del régimen de Ortega y Murillo y, para suprimir sin una base legal a la disidencia, utilizó su cargo para facilitar el decomiso de los bienes de 94 disidentes políticos en el exilio y de 222 expresos políticos.

Valeria Maritza Halleslevens Centeno, actual directora de la Dirección Nacional de Registros (DNR), socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar su cargo e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad a opositores políticos.

Eduardo Celestino Ortega Roa, actualmente subdirector de la DNR, socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar su cargo e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad a opositores políticos.

Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vicesuperintendente de bancos y de otras instituciones financieras (SIBOIF), socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar la SIBOIF para entregar al poder judicial nicaragüense información financiera de disidentes políticos en el exilio y de expresos políticos, como parte del esfuerzo coordinado del gobierno para suprimir la disidencia al decomisar sin una base legal los bienes de adversarios políticos.

Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, vicedirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar su cargo e influencia para facilitar la campaña coordinada del gobierno con motivos políticos para terminar y decomisar sin una base legal las pensiones de sus adversarios políticos.

 

Para ver el texto original, ir a: https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report-2023/

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.